El distrito de Pataz, ubicado en la región La Libertad, se ha transformado en un epicentro de la minería ilegal e informal en el Perú. En medio de los cerros que rodean esta zona, se pueden observar casas lujosas, piscinas, hoteles y bares, todo producto de una actividad que representa el 32,5% de la producción nacional de oro.

Las familias que se dedican a la minería ilegal han establecido imperios económicos, lo que ha generado una bonanza inusual en la región.

Según el Instituto Peruano de Economía, Perú lidera la exportación de oro ilegal en Sudamérica, alcanzando un 44%, superando ampliamente a países como Colombia y Bolivia. Esta economía ilícita genera ingresos de alrededor de 6.000 millones de dólares al año, superando incluso al narcotráfico, que mueve aproximadamente 4.800 millones de dólares anuales.

La presencia de la minería ilegal en Pataz ha tenido un impacto significativo en la vida local. En los últimos cuatro años, los centros poblados de la zona han experimentado un desarrollo económico acelerado y visible.

Sin embargo, este crecimiento económico viene acompañado de altos niveles de impunidad. A pesar de las evidencias y denuncias, las autoridades han sido incapaces de detener esta actividad que ha permitido que los mineros ilegales lleven una vida de lujos.

Uno de los ejemplos más claros de esta situación es la lujosa residencia de Gregorio Palermo, un minero ilegal investigado por las autoridades. A pesar de estar en la mira de la fiscalía, su propiedad aún no ha sido incautada, lo que refleja la falta de acción efectiva contra estas actividades ilícitas.

Este panorama convierte a la minería ilegal en una de las economías criminales más poderosas del país, desafiando a las autoridades y perpetuando la explotación de los recursos naturales sin control, en detrimento del medio ambiente y las comunidades locales.