El Ministerio Público emitió la Resolución 2246-2024-MP-FN, que establece nuevas directrices para aplicar las recientes modificaciones al Código Procesal Penal bajo la Ley 32130, limitando el rol de la Policía Nacional del Perú (PNP) en casos graves o complejos.

De acuerdo con el artículo 11 del reglamento, titulado “Investigación en sede fiscal”, el Ministerio Público podrá iniciar y mantener bajo su cargo las investigaciones preliminares en situaciones que, por su complejidad, gravedad o naturaleza, requieran conducción directa por parte de los fiscales. Esto significa que los casos más delicados, como delitos de corrupción o violaciones de derechos humanos, no serán investigados de manera preliminar por la PNP sin autorización expresa.

El reglamento establece que los fiscales definirán los plazos para las diligencias y coordinarán si unidades policiales específicas deberán participar. La PNP, por tanto, solo podrá actuar en estos casos previa solicitud de los fiscales, limitando así su rol autónomo en investigaciones preliminares.

En lo referido a delitos de tortura o tratos crueles, el documento invoca el inciso 4 del artículo 169 de la Constitución y tratados internacionales de derechos humanos, subrayando que estas investigaciones deben ser llevadas exclusivamente por los fiscales especializados en esa materia.

Otro punto relevante es la aplicación de la Resolución 1972-2021-MP-FN. En estos casos, que involucran enriquecimiento ilícito, los fiscales tendrán la potestad de llevar a cabo las investigaciones preliminares sin la intervención directa de la PNP, salvo que esta sea requerida.

Esta normativa ha generado polémica, ya que limita la capacidad de la PNP para abordar investigaciones complejas que requieren reacciones rápidas, como casos de crimen organizado. En reuniones previas, el fiscal interino de la Nación, Juan Carlos Villena, había pedido prudencia respecto a esta medida. Sin embargo, con la reciente resolución, se oficializa que la PNP tendrá un rol secundario en este tipo de investigaciones.

La decisión plantea interrogantes sobre el impacto en la lucha contra delitos complejos y si esta centralización del proceso investigativo podría ralentizar la administración de justicia.