El exasesor presidencial Vladimiro Montesinos, condenado por diversos delitos cometidos durante el régimen de Alberto Fujimori, ha cumplido recientemente 80 años de edad, y su defensa legal anunció que solicitará acogerse a la Ley 32180.

Esta norma, aprobada por el actual Congreso, permite a personas mayores de esa edad cumplir el resto de sus sentencias bajo arresto domiciliario. La noticia ha generado una ola de reacciones en el ámbito político y jurídico, dada la gravedad de los crímenes por los que fue condenado.

El abogado de Montesinos, Fernando Sánchez Tafur, indicó que su cliente podría dejar la Base Naval del Callao en las próximas semanas si el Poder Judicial aprueba su pedido. Sin embargo, el exprocurador Yván Montoya advirtió que la edad no es el único requisito. Para acogerse a la ley, el solicitante debe acreditar que sufre una enfermedad grave, incurable y degenerativa, lo cual debe ser evaluado por una junta médica especializada.

En caso contrario, Montesinos tendría que permanecer en prisión hasta junio de 2026, cuando se cumpliría su condena.

El ministro de Justicia, Juan Alcántara, también se pronunció sobre el caso, señalando que si no existen nuevos procesos judiciales pendientes, el exjefe del Servicio de Inteligencia Nacional podría recuperar su libertad el próximo año. No obstante, Montesinos aún enfrenta dos sentencias en fase de ejecución y un proceso judicial abierto por homicidio, lo que complica cualquier posibilidad de salida inmediata del penal militar.

El debate sobre si Montesinos debe o no beneficiarse de esta ley refleja tensiones más amplias en torno a la justicia transicional y los límites de la normativa penal en casos de corrupción y violaciones a los derechos humanos. Mientras algunos sectores consideran que se debe aplicar la ley sin distinciones, otros advierten que permitirle cumplir arresto domiciliario socavaría la memoria de sus víctimas y el mensaje de firmeza del Estado frente a crímenes de alta gravedad.