La propuesta del excandidato presidencial Jorge Nieto Montesinos para que el gobierno de Keiko Fujimori considere una vía que permita la liberación de Pedro Castillo contrasta con lo establecido por el Tribunal Constitucional (TC) respecto a los hechos del 7 de diciembre de 2022. En su sentencia sobre el hábeas corpus presentado por el exmandatario, el máximo intérprete de la Constitución concluyó que Castillo quebrantó el orden constitucional al anunciar un gobierno de facto.

Mediante la sentencia recaída en el Expediente N.° 01803-2023-PHC/TC, emitida el 20 de febrero de 2024, el TC declaró improcedente la demanda de hábeas corpus presentada por Castillo contra las medidas de detención y prisión preventiva dictadas en su contra. El colegiado determinó que el mensaje a la Nación en el que anunció la disolución del Congreso, la reorganización del sistema de justicia y otras medidas extraordinarias no constituyó un simple discurso político, sino un acto dirigido a instaurar un gobierno de facto al margen de la Constitución.

Asimismo, el Tribunal Constitucional estableció que la vacancia presidencial no fue el acto que produjo el cese de Castillo como jefe de Estado. Según la sentencia, el entonces mandatario dejó de ser presidente de iure desde el momento en que leyó su mensaje a la Nación el 7 de diciembre de 2022, mientras que el acuerdo adoptado posteriormente por el Congreso tuvo únicamente un carácter declarativo de una situación ya consumada.

El TC también sostuvo que, ante el quiebre del orden constitucional, el Congreso actuó con "legítima celeridad" para preservar la institucionalidad democrática, por lo que, en ese contexto excepcional, no era exigible el cumplimiento estricto de todas las formalidades previstas para un escenario de normalidad constitucional. Sin embargo, precisó que, fuera de situaciones extraordinarias, los procedimientos de vacancia deben respetar plenamente el debido proceso.

De esta manera, el pronunciamiento del Tribunal Constitucional fija como criterio que Pedro Castillo perdió la Presidencia desde el momento en que anunció el cierre inconstitucional del Congreso y otras medidas para instaurar un gobierno de facto, una interpretación que difiere del planteamiento formulado por Jorge Nieto Montesinos, quien recientemente sugirió que el nuevo gobierno evalúe mecanismos para la liberación del exmandatario.