Delia Espinoza, recién designada como fiscal de la Nación, enfrenta su primera gran prueba en el cargo: decidir si impulsa el caso de presunto desbalance patrimonial contra el fiscal José Domingo Pérez, miembro del Equipo Especial Lava Jato.

Espinoza asumió el cargo tras reemplazar a Juan Carlos Villena, y su gestión arranca en medio de expectativas por el rumbo que tomará el Ministerio Público en investigaciones clave.

El caso de Pérez, conocido por sus investigaciones de alto perfil contra políticos y empresarios implicados en casos de corrupción, ha generado controversia en el ámbito judicial y mediático. Recientes declaraciones han puesto en el ojo público la necesidad de investigar a fondo el patrimonio de Pérez, ya que según algunas fuentes, existiría un presunto desbalance en sus bienes y finanzas. Sin embargo, aún no se ha confirmado oficialmente si el Ministerio Público iniciará las diligencias necesarias para esclarecer estos señalamientos.

Espinoza, quien fue nombrada luego de que Villena concluyera su periodo, ha recibido muestras de respaldo de distintos sectores que ven en ella una fiscal con experiencia y credibilidad. Pero la situación en torno a Pérez le plantea una disyuntiva compleja: su gestión está siendo evaluada por el público y observadores críticos, especialmente en un contexto donde se ha cuestionado la independencia de la Fiscalía en casos que involucran a figuras públicas.

En recientes declaraciones, el conductor de televisión Phillip Butters también instó a Espinoza a tomar decisiones sobre el periodista Gustavo Gorriti y el propio Pérez, ambos figuras con gran influencia en el ámbito judicial y mediático, de acuerdo a Butters.

Este desafío será una prueba importante para Espinoza, quien deberá evaluar si el caso de José Domingo Pérez y su presunto desbalance patrimonial amerita una investigación formal. Su decisión podría marcar el tono de su administración y definir la percepción pública sobre su compromiso con la imparcialidad y transparencia en el Ministerio Público.