Desde este 10 de setiembre, las empresas y organizaciones privadas que desarrollen o utilicen sistemas de inteligencia artificial (IA) en sectores considerados prioritarios deben cumplir nuevas obligaciones establecidas por la Ley 31814 y su reglamento. La normativa alcanza actividades vinculadas con salud, educación, justicia, seguridad, economía y finanzas, con el objetivo de establecer mayores garantías de transparencia, seguridad y protección de los ciudadanos.

El especialista en regulación digital y CEO de la consultora Niubox, Oscar Montezuma, explicó que las organizaciones comprendidas en estos sectores deben verificar que sus sistemas de IA funcionen bajo criterios de transparencia y seguridad. Las empresas tuvieron un periodo inicial para revisar sus herramientas y corregir posibles brechas luego de la publicación del reglamento en setiembre del año pasado, mientras que la adecuación continuará de manera progresiva en otros sectores durante un periodo de hasta cuatro años.

Entre las principales exigencias figura la obligación de informar previamente a los usuarios, de manera clara y sencilla, cuál es la finalidad de los sistemas de IA, sus principales funciones y qué tipo de decisiones automatizadas pueden ejecutar. Además, deberán existir mecanismos visibles que permitan identificar cuándo un contenido, producto o servicio ha sido elaborado o gestionado mediante inteligencia artificial.

Otro punto central es la supervisión humana efectiva, especialmente en los sistemas considerados de alto riesgo. Las empresas deberán capacitar a sus trabajadores para que puedan detener, corregir o anular decisiones automatizadas cuando sea necesario, con el propósito de reducir posibles sesgos o efectos perjudiciales derivados del funcionamiento de los algoritmos.

Las organizaciones también deberán mantener registros detallados sobre las fuentes de datos empleadas, la lógica utilizada en el desarrollo de sus sistemas y sus potenciales impactos éticos y sociales. Aunque algunas obligaciones generales, como la rendición de cuentas y la supervisión básica, ya se encontraban vigentes para los sectores público y privado, el nuevo plazo activa las disposiciones sectoriales específicas previstas en la regulación.

Según Montezuma, el marco peruano coloca al país entre los pioneros de América Latina en materia de regulación de inteligencia artificial, al buscar combinar el desarrollo de la innovación tecnológica con la protección de los derechos fundamentales. Sin embargo, la implementación exigirá una adaptación permanente de los protocolos de privacidad, seguridad y gestión de riesgos de las empresas, que deberán demostrar que sus sistemas automatizados operan bajo estándares éticos y mecanismos adecuados de control.