El expresidente Ollanta Humala presentó una queja funcional ante la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Poder Judicial, denunciando que, a pesar de llevar alrededor de tres semanas detenido, aún no ha sido notificado formalmente de la sentencia que lo condena a 15 años de prisión por el delito de lavado de activos.

Esta situación, según Humala, le impide ejercer su derecho a la defensa al no poder apelar el fallo del Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional.

A través de sus redes sociales, el exmandatario cuestionó la demora en la entrega del documento oficial y solicitó a la ANC realizar un registro informático de las computadoras de la sala penal para determinar hasta cuándo y con qué modificaciones se estuvo trabajando en la redacción de la sentencia. Esta petición busca establecer si se han cometido irregularidades en el proceso de elaboración y entrega de la resolución.

El abogado de Humala, Wilfredo Pedraza, argumentó ante la ANC que los jueces Juana Caballero García, Nayko Coronado Salazar y Max Vengoa Valdiglesias habrían vulnerado el Código Procesal Penal y principios constitucionales al no notificar oportunamente a su defendido. Según la defensa, este retraso afecta el debido proceso y agrava la situación legal del expresidente.

La condena a Humala fue dictada junto a la de su esposa, Nadine Heredia, quien también fue hallada culpable del delito de lavado de activos por los presuntos aportes ilícitos al Partido Nacionalista Peruano en las campañas electorales de 2006 y 2011. Mientras el exmandatario cumple prisión en el penal de Barbadillo, Heredia se encuentra en Brasil, donde obtuvo asilo diplomático junto con su hijo menor.

La controversia en torno a la notificación de la sentencia agrega un nuevo componente legal y político al caso, que ya ha generado amplio debate público. El Poder Judicial aún no se ha pronunciado oficialmente sobre la queja presentada ni sobre los plazos para la entrega formal de la resolución condenatoria.