La congresista Patricia Juárez, de Fuerza Popular, ha presentado un proyecto de reforma constitucional que permitiría el levantamiento del secreto bancario y de las comunicaciones en casos de flagrancia delictiva.

El proyecto de ley N.º 5816/2023-CR también incluye la posibilidad de levantar la reserva bursátil y tributaria durante las diligencias preliminares, con el objetivo de actuar rápidamente ante delitos que pongan en riesgo la vida, la libertad o la integridad física y emocional de las víctimas.

Según la propuesta, el levantamiento de estas protecciones constitucionales sería aplicable cuando se cometa un delito en flagrancia, es decir, cuando una persona es sorprendida en el momento de cometer un acto ilícito o inmediatamente después. Esto busca dotar a las autoridades de mayores herramientas para investigar y sancionar con mayor rapidez y efectividad.

Este proyecto se enmarca dentro de una serie de iniciativas que diversos parlamentarios y el Poder Ejecutivo han impulsado en respuesta al creciente problema de la inseguridad ciudadana. En particular, Juárez subraya que su propuesta está orientada a fortalecer la lucha contra delitos graves como la extorsión y el sicariato, que han aumentado en los últimos años y generado gran preocupación entre la ciudadanía.

El texto del proyecto señala que estas medidas son necesarias en situaciones urgentes e inaplazables, donde se necesita una acción rápida para proteger a las víctimas. "La presente ley tiene como objeto reformar parcialmente la Constitución Política del Perú para establecer el levantamiento del secreto bancario y de las comunicaciones, así como la reserva bursátil y tributaria, durante el plazo de flagrancia delictiva ante la comisión de un hecho penal", se detalla en la propuesta.

La iniciativa ha generado debate sobre el equilibrio entre la protección de los derechos individuales y la necesidad de combatir el crimen. Por un lado, los defensores de la propuesta sostienen que es una medida necesaria ante la ola de criminalidad, mientras que sus críticos advierten sobre los riesgos de vulnerar derechos fundamentales como la privacidad.

El proyecto de ley ahora deberá ser evaluado en las comisiones del Congreso para determinar su viabilidad y posibles ajustes antes de someterlo a votación en el pleno.