La Contraloría General de la República determinó que, en 2022, último año de gestión de Perú Libre en la región Junín, habrían participado en hechos irregulares 448 funcionarios públicos de diversas entidades.

Las auditorías y servicios de control realizados permitieron efectuar el control de un monto de 465 millones de soles del Estado, de los cuales la ejecución de 195 millones fue observada por los equipos de la Contraloría, quienes, además, identificaron un perjuicio económico por más de 39 millones.

Además de los servicios de control posterior, la Contraloría realizó 1426 servicios de control simultáneo durante 2022: se identificaron 1785 situaciones que fueron reportadas a los gestores públicos para que adopten medidas correctivas.

Sin embargo, 720 situaciones adversas no han sido corregidas y en 621 no se adoptaron acciones para corregirlas. Solo 430 situaciones adversas fueron resueltas o están en proceso de hacerlo y 14 fueron desestimadas.