La ampliación indefinida del plazo para la formalización minera a través del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) ha permitido que actividades ilícitas, bajo la fachada de minería artesanal o pequeña minería, proliferen en el Perú.

Pese a representar solo una fracción del sector, esta situación ha favorecido a grupos de delincuencia organizada que se escudan en el REINFO para operar ilegalmente.

El impacto de la minería ilegal es devastador. De acuerdo con el Instituto Peruano de Economía (IPE), cerca del 44% de las exportaciones de oro del Perú provienen de actividades ilegales, una cifra alarmante que representa ingresos de aproximadamente US$5,000 millones anuales. Además, el país lidera las cifras de exportación de oro ilegal en América Latina, con un aporte estimado entre el 44% y 45% del total.

El alto precio del oro, que se mantiene en niveles históricos, incentiva estas prácticas ilícitas que no solo afectan la economía nacional, sino que también generan impactos negativos en las comunidades y el medio ambiente. Los beneficios de la minería ilegal están vinculados a redes de corrupción y crimen organizado, que encuentran en el REINFO un mecanismo para operar bajo una apariencia de legalidad.

El Instituto Peruano de Economía, en su estudio «Análisis comparativo de acciones gubernamentales frente a la minería informal e ilegal», destacó la urgencia de políticas claras y predecibles para enfrentar esta problemática. Entre sus recomendaciones más destacadas está el cierre del REINFO, considerado un paso esencial para combatir eficazmente la minería ilegal.

“El REINFO ha generado una extensión de los plazos sin resultados efectivos. Es necesario priorizar medidas más firmes que permitan diferenciar a la minería artesanal legítima de las actividades ilícitas que se amparan en este sistema”, señaló Víctor Fuentes, gerente de Políticas Públicas del IPE.

El debate sobre el futuro del REINFO y su impacto en el sector minero sigue abierto, con llamados urgentes a la acción desde diversos frentes.