La Procuraduría Pública Anticorrupción solicitó al Poder Judicial el pago de S/1.000 millones como reparación civil al Estado en el juicio que se sigue contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, y otros acusados por presunta corrupción y lavado de activos. La cifra incluye a las empresas Odebrecht, OAS, Rutas de Lima y Línea Amarilla, así como a sus representantes, quienes habrían financiado ilegalmente las campañas contra la revocatoria y a la reelección de Villarán entre 2013 y 2014.

Durante la audiencia desarrollada en la Corte Superior de Justicia, el procurador Carlos Fernández planteó que parte del monto solicitado corresponde a los US$181 millones que la concesionaria Rutas de Lima obtuvo por el cobro de peajes entre 2013 y 2016. Según explicó, la suma total comprende reparaciones solidarias entre los procesados y las empresas vinculadas a los actos ilícitos, por lo que el Estado busca resarcirse por el perjuicio económico y moral ocasionado a los ciudadanos.

La acusación sostiene que Villarán recibió aportes irregulares de Odebrecht y OAS a cambio de favorecerlas con concesiones y adendas contractuales en los proyectos Línea Amarilla y Rutas de Lima. Los fondos habrían sido canalizados a través de intermediarios cercanos a la exburgomaestre, quienes, de acuerdo con la Fiscalía, actuaron bajo un esquema de lavado de dinero. La defensa de Villarán rechazó los cargos y aseguró que no existe evidencia que pruebe un pacto de beneficios indebidos.

El monto también contempla S/545 millones por presunto acto de colusión entre las empresas brasileñas y Rutas de Lima, mientras que otros S/678 millones se asocian a ganancias obtenidas de manera irregular por el cobro de peajes. De acuerdo con la Procuraduría, los fondos ilícitos se habrían disfrazado como aportes de campaña y generaron un daño patrimonial directo al Estado.

El juicio, que involucra a más de veinte procesados, continuará en las próximas semanas con la presentación de pruebas y testigos clave. El Ministerio Público busca que las empresas y los implicados asuman una reparación ejemplar, mientras que la defensa de Villarán insiste en que no se ha demostrado la existencia de un acuerdo corrupto con las constructoras.