El expresidente Martín Vizcarra continuará en prisión luego de que la Primera Sala Constitucional de Lima declarara improcedente una demanda de hábeas corpus que buscaba suspender la ejecución provisional de la condena de 14 años de prisión impuesta en su contra por el caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua. La resolución mantiene vigente la medida mientras continúa el proceso judicial.

El colegiado concluyó que el recurso, presentado en diciembre de 2025 por el ciudadano Mario Chávez, no cumplía con el requisito de firmeza, debido a que, al momento de su interposición, la justicia penal ordinaria aún no había resuelto el pedido de suspensión de la condena. En ese sentido, determinó que la demanda era improcedente.

La decisión fue adoptada por mayoría con los votos de los jueces superiores Luciano Cueva, David Suárez e Iván Cabrera. En tanto, los magistrados Andrés Tapia y Oswaldo Ordóñez se pronunciaron a favor de confirmar el fallo inicial de la jueza Rabines, quien había dejado sin efecto una resolución de la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional que rechazó un pedido de la defensa para que Vizcarra permaneciera en libertad mientras se resolvía la apelación principal.

No obstante, la Sala Constitucional precisó que, debido a que la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional ya emitió una decisión definitiva sobre ese aspecto del proceso, la defensa del exmandatario está habilitada para presentar un nuevo hábeas corpus si considera que existen fundamentos para ello. Además, se informó que el próximo 20 de agosto, a las 11:00 a. m., se realizará una audiencia virtual en la que se evaluará el recurso que busca anular la sentencia condenatoria.

El 26 de noviembre de 2025, el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional condenó a Martín Vizcarra a 14 años de prisión efectiva por el delito de cohecho pasivo propio, además de imponerle nueve años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y el pago de 730 días multa. El tribunal concluyó que, cuando era gobernador regional de Moquegua, solicitó el 2 % del contrato adjudicado a la empresa Obrainsa para el proyecto Lomas de Ilo y S/1,3 millones vinculados a la construcción del Hospital de Moquegua. Aunque la Fiscalía había solicitado una pena de 15 años de prisión, los jueces fijaron finalmente una condena de 14 años.