El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, anunció que la institución solicitará el levantamiento del secreto bancario y de las comunicaciones de las personas presuntamente implicadas en los actos de violencia ocurridos durante las recientes protestas de la denominada Generación Z.

La medida busca identificar a los posibles instigadores de los disturbios que dejaron un fallecido, decenas de heridos y cuantiosos daños en el Centro de Lima.

Arriola explicó que la Policía viene elaborando un informe con base en imágenes de cámaras de seguridad, registros telefónicos y redes sociales, con el propósito de identificar a quienes, según afirmó, “planificaron y dirigieron” los ataques contra las fuerzas del orden y bienes públicos. Señaló que las solicitudes serán tramitadas a través del Ministerio Público, que deberá evaluar los indicios antes de autorizar medidas como allanamientos o detenciones.

El jefe policial calificó a los presuntos organizadores como “mentes siniestras y antidemocráticas”, y afirmó que los operativos policiales se desarrollaron “con proporcionalidad y dentro del marco de la ley”. Indicó además que existen evidencias de que detrás de las manifestaciones juveniles habría grupos interesados en generar caos y desestabilización política.

La decisión marca un endurecimiento en la respuesta del Gobierno frente a las protestas que se iniciaron tras la vacancia de la expresidenta Dina Boluarte. Desde el Ejecutivo se sostiene que las movilizaciones pacíficas fueron infiltradas por elementos violentos que emplearon explosivos caseros, piedras y armas artesanales contra efectivos policiales y locales públicos.

Arriola remarcó que la PNP mantendrá una política de “cero tolerancia” frente a la violencia, pero reiteró su respeto al derecho constitucional a la protesta. “No se criminaliza la manifestación, se persigue el delito”, afirmó el comandante general, quien aseguró que las investigaciones continuarán hasta identificar a todos los responsables de los desmanes.