En un esfuerzo por combatir la creciente ola de criminalidad en el país, el Consejo de Estado aprobó que las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y la Policía Nacional del Perú (PNP) hagan uso de la fuerza en la lucha contra la delincuencia.

Tras una reunión de cinco horas entre los líderes de los tres poderes del Estado y otras instituciones, la presidenta Dina Boluarte anunció una serie de medidas orientadas a fortalecer la seguridad en el país.

“Se ha acordado la formulación de un marco legal constitucional que garantice a los miembros de la PNP y las FF.AA. hacer uso de la fuerza en el cumplimiento de sus funciones. Además, se estableció que los efectivos serán juzgados únicamente en el fuero militar y policial cuando hayan hecho uso de sus armas, siempre previa revisión de Inspectoría,” declaró Boluarte.

La presidenta también anunció que se autorizará al Ministerio del Interior (Mininter) transferir fondos a los gobiernos locales en estado de emergencia por seguridad ciudadana. Estos recursos estarán destinados a la compra de material logístico necesario para la policía, tales como patrulleros, chalecos de protección y armamento. La Contraloría General de la República supervisará todas estas adquisiciones.

Boluarte reconoció la actual carencia de equipamiento de las fuerzas del orden, especialmente en las zonas más apartadas del país. “La adquisición de recursos es prioritaria en las áreas donde la criminalidad ha ganado terreno,” sostuvo la mandataria, añadiendo que estos fondos facilitarán una intervención más eficaz de las fuerzas de seguridad.

En paralelo, se buscará reorganizar el sistema penitenciario para reducir el hacinamiento en cárceles y minimizar la actividad delictiva desde el interior de estas. La presidenta señaló que se construirán nuevas cárceles y se ampliarán algunas existentes, y que el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) pasará por una reorganización.

Finalmente, en respuesta a la creciente actividad extorsiva en el país, Boluarte indicó que se facilitará a la Unidad de Inteligencia Financiera la congelación de cuentas bancarias usadas para extorsión. También anunció que las fronteras del Perú serán reforzadas para limitar el ingreso de extranjeros sin documentos y que la Sunafil fiscalizará a los migrantes que trabajen en condiciones irregulares en el país.