El Poder Judicial ha declarado la prescripción del proceso penal contra militares y policías acusados de muertes ocurridas en 1991, durante la lucha contra el terrorismo. La decisión se basa en la aplicación de la Ley 32107, que establece que hechos previos al 2002 no son considerados de lesa humanidad.

El fallo fue emitido por Raúl Justiniano, titular del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria, quien argumentó que los jueces deben aplicar las normas vigentes sin incurrir en “activismo judicial”. El caso específico involucra a Manuel Obando Salas y Arnulfo Roncal Vargas, quienes formaban parte del Ejército peruano cuando fueron emboscados por el MRTA en Antahuampa.

La investigación sobre los hechos se formalizó recién en 2022, es decir, 31 años después de ocurridos. La Ley 32107, aprobada el año pasado, determina que Perú solo reconoció la imprescriptibilidad de delitos de lesa humanidad a partir del 2002, lo que conlleva a la prescripción de delitos anteriores a esa fecha.

El fiscal Rubén Anicama anunció una apelación tras ser notificado de la sentencia, por lo que una instancia superior podría revisar la decisión. Entre las reacciones políticas, el congresista Fernando Rospigliosi destacó el fallo como un cumplimiento adecuado de la ley.