El Poder Judicial inició este miércoles el control de acusación contra el candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, investigado por presuntamente haber consignado información falsa sobre aportes y gastos de campaña ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales entre los años 2018 y 2020. La audiencia virtual estuvo a cargo del juez Adolfo Farfán Calderón, del Trigésimo Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima.

El Ministerio Público solicita para Sánchez una condena de 5 años y 4 meses de prisión, además de una inhabilitación política definitiva para ejercer cargos partidarios. La Fiscalía lo acusa por los presuntos delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo y falseamiento de información vinculada a aportaciones políticas.

Según la tesis fiscal, durante la gestión de Sánchez en Juntos por el Perú se habrían canalizado cerca de 280 mil soles de aportes partidarios hacia cuentas personales, incluyendo la del propio candidato y la de su hermano, William Sánchez Palomino, sin que dichos montos fueran reportados oficialmente ante la ONPE.

Durante la diligencia judicial, algunos observadores comentaron el tono cordial empleado por el magistrado Adolfo Farfán al registrar la asistencia de las partes involucradas, utilizando expresiones como “Gracias por su asistencia” y “Muy amable”. En la audiencia también se recordó que en septiembre del año pasado fue archivada la acusación por presunto fraude en la administración de persona jurídica.

No obstante, continúan vigentes los cargos relacionados con la presunta falsedad en la información presentada sobre aportes partidarios. Para la Fiscalía, existen elementos suficientes para que el caso avance hacia la etapa de juicio oral en medio de la recta final de la campaña presidencial rumbo a la segunda vuelta.

Por su parte, Roberto Sánchez rechazó las acusaciones y sostuvo que enfrenta una supuesta persecución política. “Lo que estamos viendo no es justicia, es guerra sucia”, manifestó el candidato a través de sus redes sociales. La audiencia fue reprogramada para el próximo 4 de junio, fecha en la que el Poder Judicial continuará evaluando los recursos presentados por las defensas antes de decidir si el aspirante presidencial afrontará juicio oral.