El Gobierno peruano ha dado un paso significativo en su lucha contra la extorsión al modificar el Código Penal para incluir los préstamos conocidos como "gota a gota" en la tipificación de este delito.

La Ley 32183, que introduce estos cambios, también refuerza la legislación sobre delitos informáticos, ampliando el marco legal para enfrentar estas prácticas ilícitas en entornos tradicionales y digitales.

Los préstamos extorsivos "gota a gota", caracterizados por altas tasas de interés y amenazas contra los deudores, ahora son castigados con penas de entre 10 y 15 años de prisión. Esta medida también abarca préstamos realizados a través de plataformas digitales, que se han convertido en una modalidad creciente debido a la expansión de la tecnología.

El artículo 200 del Código Penal ha sido revisado para imponer sanciones más severas a quienes utilicen violencia o amenazas con el objetivo de obtener beneficios económicos indebidos. Asimismo, se ha incorporado el artículo 8-A a la Ley de Delitos Informáticos (Ley 30096), que establece penas similares para los denominados "préstamos informáticos extorsivos".

La nueva legislación incluye agravantes para situaciones específicas, como cuando las víctimas son menores de edad, personas con discapacidad, adultos mayores con enfermedades graves o quienes se encuentren en situaciones de especial vulnerabilidad. Estas disposiciones buscan brindar mayor protección a los sectores más afectados por este tipo de delitos.

El Gobierno subrayó que la incorporación de estos delitos no solo busca sancionar a los responsables, sino también disuadir a quienes consideren involucrarse en estas actividades ilícitas. La inclusión de prácticas extorsivas digitales refleja la necesidad de modernizar el marco legal frente a la creciente sofisticación de los delitos en el ámbito digital.

Con estas reformas, Perú fortalece su lucha contra las prácticas extorsivas, que han afectado a miles de personas en todo el país. La Ley 32183 es un paso decisivo hacia la protección de las víctimas y la prevención de estos delitos, marcando un avance importante en la justicia penal y en la regulación de las actividades ilícitas en entornos digitales.