El Congreso de la República cuenta este año con un presupuesto de S/1.413 millones, una cifra que supera al financiamiento asignado a diversos programas sociales e instituciones clave del sistema de salud público. De ese monto, S/923 millones están destinados al pago de personal y S/270 millones a la implementación del retorno a la bicameralidad, según informes de la Oficina de Planeamiento del Parlamento.

La magnitud de este presupuesto contrasta con lo que recibe, por ejemplo, el programa Juntos, que maneja S/1.119 millones, y Cuna Más, con S/1.038 millones. Ambos están orientados a poblaciones en situación de pobreza y pobreza extrema. Incluso el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (Foncodes), cuyo trabajo apunta a mejorar la calidad de vida en zonas rurales, solo cuenta con S/339 millones.

La brecha es aún más notoria si se compara con el sector salud. El Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), que brinda atención especializada a pacientes con cáncer, opera con un presupuesto de S/555 millones, mientras que el Fondo Intangible Solidario de Salud (Fissal), que financia tratamientos de enfermedades de alto costo, dispone de S/715 millones. El Instituto Nacional de Salud (INS), encargado de la investigación científica para fortalecer el sistema sanitario, cuenta apenas con S/69 millones.

Especialistas advierten que el gasto del Parlamento no se justifica en términos de costo-beneficio, especialmente considerando los resultados y el bajo nivel de confianza ciudadana en la institución. La implementación de la bicameralidad, inicialmente anunciada como una medida sin sobrecostos, ahora demanda una inversión cercana a los S/277 millones, contradiciendo las declaraciones de varios legisladores.

En las últimas dos décadas, el presupuesto del Congreso se ha quintuplicado. Mientras tanto, las brechas sociales y sanitarias persisten en vastas zonas del país, alimentando la crítica ciudadana sobre las prioridades en el uso de los recursos públicos. Con un escenario de crisis institucional y fragmentación política, la magnitud del presupuesto parlamentario ha reavivado el debate sobre la eficiencia y transparencia en el gasto estatal.