La Procuraduría General denunció a la congresista Rosío Torres de Alianza para el Progreso por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de concusión luego de que el dominical Punto Final expusiera que habría obligado a sus trabajadores a depositar parte de sus sueldos para su sobrino, Juan Daniel Pérez.

En el reportaje se menciona el caso de Cecilia Salazar, quien fue asesora de Torres y transfirió al familiar de la parlamentaria cerca de 25 mil soles. También Jesús Sierra, asesor principal de Torres, transfirió 4 mil 400 soles al mismo familiar.

Otra trabajadora de la congresista le entregó al programa un comprobante de la transferencia que hizo a la cuenta de Juan Daniel Pérez por 6 mil 850 soles. Además, señaló que obligaban depositar hasta un tercio de sus salarios.

Abigail García, quien trabajó como auxiliar de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales presidida entonces por Torres, registra una transferencia de 2 mil soles a una cuenta de Pérez.

A ellos se suman César Macedo, asistente del despacho de Torres, quien transfiere mil soles mensuales al mismo familiar, y Estefanía Calvo, quien registra un depósito por 2 mil soles.