La reducción a la mitad del presupuesto destinado a subsidios del Programa Mivivienda para 2026 podría impedir que cerca de 30 mil familias accedan a una vivienda propia y afectar los ingresos de aproximadamente 280 mil trabajadores de la construcción.

Con el ajuste decidido por el Gobierno, ahora será el Congreso quien tenga en sus manos la posibilidad de revertir un escenario que impactaría de manera directa en hogares de ingresos medios y bajos.

De acuerdo con cifras oficiales, 1.9 millones de familias en el país no cuentan con una vivienda adecuada. Para cerrar esta brecha, el Fondo Mivivienda opera programas que otorgan subsidios y facilitan la adquisición de inmuebles. Entre ellos destaca el Nuevo Crédito Mivivienda, dirigido a sectores medios que difícilmente accederían a una hipoteca sin apoyo estatal. Sin embargo, el presupuesto 2026 contempla una reducción del 67% para el Bono del Buen Pagador, pese a que este subsidio es clave para completar la cuota inicial. En paralelo, el sueldo presidencial aumentó 128%.

El programa Techo Propio también registrará recortes importantes. Para la modalidad de Adquisición de Vivienda Nueva, la disminución será de 51%, mientras que la opción de Construcción en Sitio Propio caerá 46%. Se trata de mecanismos pensados para familias con ingresos bajos que, sin este respaldo financiero, quedan prácticamente fuera del mercado habitacional.

El impacto no solo alcanzaría a quienes buscan una vivienda. José Espantoso, presidente de la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú, advirtió que la medida compromete el empleo y la inversión del sector, que ocupa a más de 280 mil trabajadores. Señaló que la industria asume riesgos propios del mercado, pero no puede operar bajo incertidumbre sobre la continuidad del programa. “Hay una oportunidad para corregir esta situación desde el Ejecutivo y el Congreso, que ya están informados del problema”, afirmó.

Especialistas en vivienda recuerdan que para acceder a un departamento o casa se requiere una combinación entre ahorro familiar, subsidio estatal y crédito hipotecario. Cuando el Estado reduce su participación, el sistema se rompe. Por ello, el debate en el Parlamento será determinante para definir si el recorte se mantiene o si se restablecen los recursos necesarios para que miles de hogares no queden fuera de la posibilidad de acceder a una vivienda digna.