El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha admitido a trámite un pedido de vacancia contra 21 regidores del Concejo Provincial de Lima Metropolitana, luego de que se aprobara el traslado de trenes provenientes de Estados Unidos bajo un esquema calificado como irregular por el denunciante.

Esta decisión se relaciona con el Acuerdo de Concejo N.° 419, aprobado el 13 de noviembre de 2024.

La solicitud fue presentada por el ciudadano Carlos Francisco Hinostroza Rodríguez, quien sostiene que los regidores implicados vulneraron la Ley Orgánica de Municipalidades al exceder sus funciones administrativas y participar en decisiones de contratación directa, facultades que —según argumenta— corresponden únicamente al alcalde. El denunciante remarca que la figura de donación utilizada encubre una transacción que debería haberse tramitado conforme a la Ley de Contrataciones del Estado.

Entre los regidores incluidos en el proceso figuran Renzo Reggiardo, Fabiola Morales, Guillermo Valdivieso, María José Marcet, Efraín Aguilar y otros 16 concejales metropolitanos. El JNE, mediante el Auto N.° 1 del expediente correspondiente, ha ordenado al Concejo Provincial convocar una sesión extraordinaria para debatir y votar la solicitud de vacancia. Además, se ha instruido al gerente municipal a notificar esta medida a todos los regidores involucrados en un plazo máximo de tres días hábiles.

El núcleo del reclamo gira en torno a que el Concejo aprobó directamente una supuesta contratación, cuando en realidad, según el marco legal, los concejales tienen la función de fiscalización, no de gestión administrativa directa. En su argumento, Hinostroza refiere que el artículo 22 de la Ley Orgánica de Municipalidades y las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado fueron infringidas, lo cual amerita la vacancia de los involucrados.

Aunque la decisión del JNE no supone una sanción inmediata, marca el inicio de un proceso que podría resultar en la destitución de casi la mitad de los miembros del concejo capitalino. El organismo electoral ha exhortado a que se respeten los procedimientos establecidos en los artículos pertinentes de la Ley Orgánica de Municipalidades durante el desarrollo de este trámite, cuyo desenlace podría alterar significativamente la composición política del municipio limeño.