Una reciente investigación periodística ha revelado que al menos 35 personas con requisitorias vigentes por delitos graves como homicidio, extorsión, narcotráfico y trata de personas se encuentran afiliadas a partidos políticos legalmente inscritos, en un contexto en que el país se aproxima a las elecciones generales de 2026.

El hallazgo ha generado preocupación por el nivel de infiltración de elementos delictivos en organizaciones que aspiran a ocupar cargos públicos.

Según el informe estas personas aparecen en el Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y, a la vez, figuran en el Programa de Recompensas del Ministerio del Interior. Las agrupaciones implicadas incluyen a Perú Libre, Acción Popular y Alianza para el Progreso, partidos con representación en el Congreso y participación activa en el escenario político nacional.

La agrupación con el mayor número de afiliados con requisitorias es Perú Libre, cuyo líder, Vladimir Cerrón, permanece prófugo con una orden de captura por delitos como organización criminal, colusión agravada, cohecho y negociación incompatible. También están incluidos otros exfuncionarios y allegados al entorno de Cerrón, como Francisco Muedas Santana, vinculado al caso “Los Dinámicos del Centro”.

En Acción Popular, la noticia ha provocado reacciones inmediatas. El congresista Wilson Soto, vocero alterno de esa bancada, hizo un llamado a la dirigencia de su partido para que tome acciones concretas contra los afiliados con situación judicial pendiente. “Firmeza y responsabilidad para quienes escapan de la justicia”, expresó Soto, exigiendo que se retire de manera inmediata a los involucrados.

Esta situación ha encendido las alertas entre las autoridades electorales y de justicia, que deberán responder ante un escenario donde personas con graves antecedentes penales podrían intentar usar a los partidos como escudo para evadir la ley o buscar impunidad. El caso ha abierto un nuevo frente de debate sobre los filtros de afiliación partidaria y la transparencia en la inscripción de candidatos de cara al proceso electoral del próximo año.