Un reportaje periodístico reveló presuntos chats que darían cuenta de una recaudación paralela de fondos dentro de Juntos por el Perú (JP) para financiar la presentación de impugnaciones de actas electorales. Según la información difundida, militantes y simpatizantes de la agrupación detectaron irregularidades al advertir que se promovían depósitos a cuentas distintas de las oficialmente autorizadas por el partido.

De acuerdo con el informe, la alerta surgió en el grupo de coordinación regional de Piura denominado "Amigos de Lucha 2026", luego de la difusión de un afiche que consignaba el número telefónico de la personera de Huancavelica, Dacia Romero, en lugar del correspondiente a la tesorera nacional, Luzmila Ayay. Tras realizar consultas en la sede partidaria, los simpatizantes concluyeron que el Comité Ejecutivo Nacional solo reconocía como válidos los aportes canalizados por la tesorera oficial, por lo que cuestionaron el uso de cuentas personales para recibir dinero.

La presunta recaudación involucra a la diputada electa por Huancavelica, Catherin Palomino, quien, según la personera Dacia Romero, habría coordinado la incorporación del número alternativo en el afiche para atender una situación de emergencia relacionada con el financiamiento de nulidades de mesas de sufragio. El reportaje señala que el partido buscaba recaudar más de S/ 2 millones y que, de acuerdo con Jaime Vásquez Palomino, sobrino del expresidente Pedro Castillo, la legisladora mantiene una posición de influencia dentro de la organización por su labor como abogada defensora del exmandatario.

Frente a la denuncia, Juntos por el Perú indicó que aún no ha presentado su balance consolidado debido a que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) no ha establecido el cronograma para la rendición de cuentas. No obstante, el presidente del Instituto Aklla, José Tello, sostuvo que las contradicciones entre la versión de la tesorera oficial, quien niega haber recibido esos recursos, y la de la personera, quien afirma haber transferido el dinero, ameritan una auditoría por parte del organismo electoral.

Según el análisis expuesto en el reportaje, la ONPE deberá verificar la trazabilidad de los fondos, identificar a los aportantes y determinar si el dinero ingresó a la contabilidad oficial del partido. En caso de comprobarse la existencia de colectas no declaradas o de cuentas utilizadas al margen de los mecanismos de control, el Ministerio Público podría asumir las investigaciones por presuntos delitos vinculados al financiamiento ilícito de organizaciones políticas y la apropiación ilícita de recursos.