La Ley N° 32419, que concede amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y comités de autodefensa procesados por delitos vinculados a la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000, entrará en vigencia mañana.

La norma también beneficia a condenados mayores de 70 años, aunque excluye a quienes enfrenten cargos por terrorismo o corrupción de funcionarios. Según el abogado Dino Carlos Caro Coria, se trata de una disposición “inconstitucional y anticonvencional” que vulnera la obligación del Estado de investigar y sancionar violaciones graves a los derechos humanos.

Para Caro Coria, la norma constituye una “ley de impunidad”, contraria a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso La Cantuta contra el Perú, de 2001, que ya había declarado incompatibles con la Convención Americana las leyes de amnistía previas. Advierte que su aplicación implica el “olvido del delito” y la eliminación de cualquier posibilidad de reparación a las víctimas, lo que contraviene compromisos internacionales del país.

El abogado reconoce, sin embargo, que numerosos policías y militares llevan décadas enfrentando procesos por los mismos hechos, con múltiples anulaciones de sentencias absolutorias o sobreseimientos. Estos casos, afirma, podrían cerrarse por prescripción sin necesidad de una amnistía. Incluso, el Tribunal Constitucional tiene pendiente de resolver una demanda contra la Ley N° 32107, que podría poner fin de inmediato a la mayoría de procesos si declara su inconstitucionalidad.

Mientras se define su aplicación, Caro Coria prevé que muchos jueces recurrirán al control difuso y de convencionalidad para inaplicar la norma. El desenlace dependerá finalmente de lo que decidan el Tribunal Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, instancias que podrían determinar si la ley se mantiene o queda sin efecto.