A menos de cinco meses de las Elecciones Generales, los organismos electorales alertaron que el proceso podría verse comprometido si no se asigna con urgencia el presupuesto completo requerido para su organización.

Durante su presentación ante el Pleno del Congreso, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo Bermejo, informó que el sistema electoral necesita S/4.390 millones para ejecutar los comicios del 2026, pero solo cuenta con el 48% del monto aprobado, lo que deja una brecha de S/2.267 millones que debe cubrirse desde enero próximo.

Burneo detalló que el déficit afecta directamente la instalación de centros de comando, oficinas descentralizadas y los 91 Jurados Electorales Especiales necesarios para las distintas etapas del proceso. Además, resaltó que la modernización tecnológica, incluida la auditoría digital completa, requiere garantizar recursos desde el primer día del año. Parte de las reformas previstas permitirá conservar votos y recontarlos de ser necesario, un mecanismo sin precedentes en el país.

Según la exposición del titular del JNE, el requerimiento adicional asciende a S/546 millones para su institución, mientras que la ONPE necesita S/1.460 millones adicionales para organizar las Elecciones Generales y las Regionales y Municipales del 2026. El Reniec, por su parte, demanda S/259 millones más para asegurar la identificación oportuna de electores y su participación en los comicios. Burneo advirtió que, sin este financiamiento, la transparencia y legitimidad del proceso quedarían en riesgo.

El presidente del JNE insistió en que la cadena de custodia de los votos es una prioridad ante posibles intentos de interferencia. Recordó que cualquier retraso presupuestal podría afectar el cronograma electoral, ya que los recursos solicitados suelen tardar semanas en ser aprobados. “Si el dinero llega en febrero, ya no hay tiempo para implementar todo lo necesario. Las elecciones son en abril y no podemos improvisar”, subrayó.

Burneo también destacó que las metas institucionales para el 2026 incluyen la tramitación de más de un millón de expedientes, la puesta en marcha de 151 jurados especiales entre elecciones generales y regionales, y la presencia de un fiscalizador en cada mesa de sufragio. Sin embargo, advirtió que procesos como la elección de autoridades en centros poblados no tienen ninguna partida asignada en el presupuesto del próximo año.

Finalmente, sostuvo que los avances logrados en modernización, justicia electoral y participación ciudadana podrían verse truncados si no se garantiza el financiamiento inmediato. “La democracia requiere cuidado, no se sostiene por sí sola. Está en juego la estabilidad política de los próximos cinco años. Si no se cubre esta brecha ahora, se arriesga la transición del poder y la confianza del electorado”, concluyó.