Una revelación realizada por el presidente del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), Iván Paredes, volvió a poner el foco en la seguridad al interior de las cárceles del país. El funcionario informó que solo 30 de los 68 penales existentes cuentan con bloqueadores de señal telefónica. La cifra ha generado preocupación debido a que desde las prisiones se organizan extorsiones, amenazas y otros delitos, pese a los constantes operativos realizados para frenar estas actividades ilícitas.

El pronunciamiento de Paredes ocurrió luego de una nueva requisa ejecutada en los penales del país, donde se encontraron celulares, accesorios, parlantes, droga y objetos punzocortantes. El objetivo fue cortar cualquier conexión con el exterior que permita coordinar extorsiones o sicariato. Como parte de la intervención se retiraron cables y conexiones clandestinas de energía eléctrica instaladas en las celdas. La autoridad señaló que aquellos internos involucrados en actividades delictivas serán trasladados a prisiones de mayor seguridad.

La situación se agrava al conocerse que incluso en penales considerados de máxima seguridad, como el de Challapalca, no existen bloqueadores de señal. Según Paredes, algunos centros penitenciarios sí cuentan con estos dispositivos, pero no funcionan adecuadamente. Por ello, el Minjusdh evalúa renegociar el contrato con la empresa encargada o convocar una nueva licitación para mejorar el servicio. “Solo 30 penales de 68 tienen bloqueadores. Estamos viendo el tema de licitaciones para ampliar su instalación”, afirmó el titular del Inpe en una entrevista radial.

Fuentes del Inpe señalaron que la empresa Prisontec, con la que el Ministerio de Justicia mantiene un contrato, tiene la responsabilidad de bloquear la señal de celulares y Wi-Fi en 33 penales del país, así como administrar los teléfonos públicos autorizados dentro de los establecimientos. Además, la compañía debe informar a la Policía o al Ministerio Público sobre llamadas vinculadas a posibles delitos de los internos. El Inpe ha invocado formalmente a esta empresa a cumplir con los acuerdos establecidos en el contrato.

La problemática no es solo de infraestructura tecnológica. En setiembre del año pasado, una operación policial y fiscal en el penal de Piedras Gordas encontró en la celda del recluso John Zafra Espinoza anotaciones con cuentas bancarias y números telefónicos de empresas. Las evidencias reforzaron las sospechas de que desde prisión seguía participando en actividades criminales, aprovechando presunto acceso a señal Wi-Fi para coordinar extorsiones.

La falta de bloqueadores y la facilidad para introducir teléfonos celulares siguen alimentando la inseguridad ciudadana, que hoy tiene efectos directos fuera de los penales, como el paro de transportistas en el Callao ante el incremento de extorsiones y asesinatos. Para las autoridades del Inpe, instalar y garantizar el funcionamiento de estos sistemas es una pieza clave para frenar las estructuras criminales que operan desde las cárceles. “Estamos enfocados en erradicar todo acto ilícito que suceda en los penales y atente contra la seguridad ciudadana”, aseguró Paredes.