A pesar del estado de emergencia declarado en 12 distritos de Lima Metropolitana por el aumento de la criminalidad, la Policía Nacional del Perú (PNP) enfrenta serias limitaciones: solo el 56% de sus vehículos a nivel nacional está operativo, según un informe del Ministerio del Interior. Esto ha generado críticas sobre la efectividad de las medidas para combatir la inseguridad.

De los 18.119 vehículos policiales registrados en el país, solo 10.097 están en funcionamiento, mientras que el 44% restante, equivalente a 8.022 unidades, está fuera de servicio. El informe detalla que 4.656 vehículos (26%) son irrecuperables y 3.366 (19%) podrían ser reparados, pero siguen inactivos.

Lima Metropolitana, que concentra el 30,2% de la población del país con 10,2 millones de habitantes, tiene solo 352 automóviles, 1.416 camionetas y 1.620 motocicletas operativas. Esta situación afecta la capacidad de patrullaje, lo que ha motivado cuestionamientos sobre el impacto real del estado de emergencia.

Algunas regiones enfrentan situaciones aún más críticas: San Martín y Amazonas no cuentan con automóviles operativos, mientras que Ucayali, Pasco, Loreto y Cajamarca tienen únicamente un automóvil disponible para operaciones policiales.

Eduardo Pérez Rocha, excomandante general de la Policía y exsecretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), señaló que la última compra masiva de patrulleros se realizó durante el gobierno de Ollanta Humala. Sin embargo, criticó que no se haya incluido un plan de mantenimiento adecuado en los contratos.

Pérez Rocha cuestionó además que se adquirieran vehículos comerciales adaptados como patrulleros, afirmando que estos no son aptos para enfrentar a la delincuencia, ya que los criminales suelen utilizar vehículos más veloces y de mayor capacidad. “Los patrulleros deben responder a las necesidades operativas, como control de carreteras o seguimiento de sospechosos”, subrayó.

El excomandante también rechazó que las municipalidades y gobiernos regionales asuman la compra de vehículos para la policía, insistiendo en que es responsabilidad del Gobierno Central garantizar equipamiento adecuado. "Las adquisiciones recientes han demostrado ser ineficientes", concluyó.