La Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) detectó irregularidades en el registro de 131 armas de fuego en las regiones de Junín y Pasco, situación que evidencia la necesidad de reforzar la fiscalización para evitar que el armamento civil termine en manos de organizaciones criminales.

En Satipo, distrito de Río Tambo, la Sucamec y la Policía Nacional del Perú (PNP) intervinieron un caso que involucra 84 armas de fuego —77 carabinas y siete pistolas— registradas a nombre de tres hermanos cuyas licencias fueron canceladas. Los titulares, cuyas identidades se mantienen en reserva, manifestaron que no tienen las armas en su poder, por lo que se presume que estas habrían sido transferidas a terceros.

El caso fue puesto en conocimiento de la Fiscalía de Satipo, que deberá continuar con las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que el armamento habría pasado a otras manos y determinar las posibles responsabilidades.

En la región Pasco, específicamente en Pozuzo, la Sucamec programó una inspección a José Luis Sánchez, quien tenía una licencia cancelada y registraba 47 armas de fuego. Tras recibir la notificación, el titular internó 15 armas en la sede central de la institución, en Lima. La Fiscalía de Oxapampa dispuso continuar con la incautación del armamento restante y realizar peritajes a las armas entregadas para determinar si fueron utilizadas en hechos delictivos. La Sucamec, encabezada por Eswin Manay, anunció que continuará coordinando acciones con la PNP y el Ministerio Público.