El Poder Judicial ha dictado un auto de enjuiciamiento contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, y otras 20 personas naturales, en relación con aportes presuntamente ilegales recibidos de las constructoras Odebrecht y OAS para financiar sus campañas de revocatoria y reelección en 2013 y 2014, respectivamente.

La disposición fue emitida el pasado martes 5 de noviembre por el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional y abarca delitos de organización criminal, corrupción de funcionarios y lavado de activos.

La medida también alcanza a 10 personas jurídicas que, según la Fiscalía, habrían facilitado el flujo de fondos ilícitos hacia la campaña de Villarán, quien presuntamente recibió más de 11 millones de dólares. La acusación incluye más de 4,000 medios probatorios que respaldan la teoría fiscal de que estas empresas brasileñas financiaron las campañas de la exalcaldesa en un supuesto pacto ilegal a cambio de favores y concesiones en obras públicas.

El juez Jorge Chávez Tamariz ordenó remitir el caso al Juzgado Penal Colegiado Nacional, donde uno de los cuatro colegiados asumirá el juicio oral. La Fiscalía, en su acusación, ha solicitado una condena de hasta 29 años de prisión para Villarán por los delitos vinculados al caso Lava Jato.

Como parte de las diligencias de investigación, la Sexta Fiscalía de Extinción de Dominio de Lima incautó dos propiedades de Villarán en Surco a inicios de octubre, las cuales, según la tesis fiscal, fueron adquiridas con fondos provenientes del presunto financiamiento ilícito de Odebrecht y OAS.

El proceso, de gran relevancia en el contexto de la lucha anticorrupción, representa un hito en el caso Lava Jato en Perú, que involucra a varias figuras políticas de alto nivel. Se espera que el juicio permita esclarecer los detalles del presunto acuerdo entre Villarán y las constructoras brasileñas, un esquema de financiamiento ilícito que, de comprobarse, marcaría un precedente en la política y justicia peruana.

Este paso hacia el juicio oral refuerza la posición del Ministerio Público en su combate contra la corrupción y subraya el compromiso de las autoridades de perseguir la justicia en casos de alto perfil.