La Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público dispuso la suspensión por seis meses del fiscal José Domingo Pérez, en el marco de un procedimiento disciplinario vinculado principalmente a su actuación en el denominado Caso Cócteles. La medida, de carácter cautelar, ordena su apartamiento inmediato del cargo y fue firmada por la fiscal adjunta superior Rosario Velazco Sánchez.

Según la ANC, la decisión se basa en la concurrencia de tres elementos: la existencia de indicios razonables sobre presuntas infracciones funcionales, el riesgo institucional que supondría mantener al fiscal en funciones mientras se desarrolla el proceso, y la posibilidad de que la eventual sanción final pueda ser grave. El órgano de control subrayó que no se trata de un castigo anticipado, sino de una acción preventiva orientada a asegurar el adecuado trámite del procedimiento disciplinario.

En la resolución se cuestionan decisiones vinculadas al Caso Cócteles, así como declaraciones públicas que, según la autoridad disciplinaria, habrían afectado la imagen del Ministerio Público. Se menciona que el requerimiento acusatorio presentado en el caso fue devuelto reiteradamente por el Poder Judicial y que finalmente el proceso fue archivado tras un fallo del Tribunal Constitucional, lo que, a criterio de la ANC, evidencia actuaciones que deben ser revisadas.

Pérez, por su parte, anunció que apelará la decisión y afirmó que se trata de represalias dentro del Ministerio Público, en un contexto que, según él, estaría marcado por tensiones tras cambios internos como la desactivación de equipos especiales. Sostuvo que la medida no sería aislada, sino parte de un clima de presión que también alcanzaría a otros fiscales vinculados a investigaciones de alto perfil.

La suspensión ha generado opiniones divididas entre especialistas. Algunos penalistas reconocen que existen elementos suficientes para una investigación disciplinaria, pero cuestionan la solidez jurídica de una suspensión provisional cuando el fiscal ya no tiene injerencia directa sobre los casos que originaron la imputación. En ese sentido, advierten posibles inconsistencias entre los argumentos expuestos y el efecto práctico de la medida.

Otros analistas consideran que la decisión tiene un fuerte componente político y señalan que la ANC incorpora en su resolución aspectos que no necesariamente guardan relación directa con el objeto del procedimiento disciplinario. En cualquier escenario, el caso vuelve a colocar en debate la actuación del Ministerio Público, la responsabilidad de sus funcionarios y el equilibrio entre el control interno y la independencia en el ejercicio fiscal.