La Municipalidad Provincial de Tarata, en la región Tacna, expresó su rechazo al anuncio de la presidenta Keiko Fujimori de trasladar a más internos de alta peligrosidad al establecimiento penitenciario de Challapalca. La autoridad local advirtió que la medida podría generar riesgos para la seguridad y tranquilidad de las comunidades altoandinas ubicadas en las inmediaciones de la cárcel.

El alcalde provincial, Kenny Henry Menéndez Copaja, manifestó su preocupación por las consecuencias que podría ocasionar el incremento de la población penitenciaria considerada de alta peligrosidad. Mediante un pronunciamiento institucional, solicitó que el Gobierno nacional escuche a los habitantes y autoridades de Tarata antes de adoptar nuevas decisiones sobre el traslado de reclusos.

La preocupación municipal comprende a las localidades de Challapalca, Maure y Kallapuma, cuyos pobladores consideran necesario evaluar las implicancias de ampliar la concentración de internos peligrosos en la zona. La comuna sostiene que las políticas de seguridad penitenciaria también deben considerar la protección de las familias que viven cerca de estos establecimientos.

El pronunciamiento se produjo después de que Fujimori anunciara una reorganización del sistema penitenciario nacional, con la finalidad de separar a los internos según su nivel de peligrosidad. La mandataria planteó trasladar a Challapalca a cabecillas y responsables de delitos graves, como parte de las medidas destinadas a recuperar el control de las cárceles y combatir las organizaciones criminales.

La decisión presidencial fue comunicada durante una visita al penal El Milagro, en Trujillo, luego de los enfrentamientos entre internos que dejaron tres fallecidos. En esa oportunidad, Fujimori informó que había solicitado al Ministerio de Justicia una relación completa de la población penitenciaria para desarrollar una nueva clasificación y fortalecer los mecanismos de control dentro de los establecimientos.

La Municipalidad de Tarata exhortó al Ministerio de Justicia y al Instituto Nacional Penitenciario a establecer espacios de diálogo y evaluar las preocupaciones de las comunidades antes de concretar nuevos traslados. El pronunciamiento plantea la necesidad de conciliar las medidas nacionales contra el crimen organizado con la seguridad de las poblaciones locales, garantizando que las decisiones penitenciarias se adopten sobre la base de criterios técnicos y responsabilidad institucional.