El Tribunal Constitucional (TC) resolvió que las municipalidades distritales no pueden imponer multas ni ordenar el traslado de vehículos mal estacionados a depósitos municipales.

En un fallo emitido en febrero de 2024, la máxima instancia constitucional declaró inconstitucionales las ordenanzas que autorizaban estas acciones, por considerar que exceden las competencias asignadas a los gobiernos locales según la legislación vigente.

De acuerdo con el TC, la regulación del tránsito terrestre y las sanciones por infracciones corresponden exclusivamente al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), en el marco del Reglamento Nacional de Tránsito. Por ello, los municipios distritales no tienen potestad para crear nuevas faltas ni aplicar sanciones adicionales, como el internamiento vehicular o el cobro por guardianía en depósitos municipales.

El caso específico que motivó el pronunciamiento fue la Ordenanza 375-2021 de la Municipalidad de La Victoria, que permitía el uso de grúas para retirar vehículos y llevarlos a depósitos municipales. El TC determinó que esta norma vulneraba la Constitución al invadir competencias exclusivas del MTC y de las municipalidades provinciales, que son las únicas autorizadas a coordinar con la Policía Nacional el control del tránsito vehicular.

Este fallo sienta un precedente importante para otras municipalidades que aplicaban medidas similares, en muchos casos con fines principalmente recaudatorios. Algunas de estas jurisdicciones imponían multas que superaban incluso las establecidas en el Reglamento Nacional de Tránsito. Por ejemplo, mientras una infracción por mal estacionamiento conlleva una sanción de S/428, en distritos como La Victoria se elevaba hasta S/1.070, incluyendo cobros por depósito.

La Defensoría del Pueblo respaldó la decisión del TC y señaló que había presentado una demanda de inconstitucionalidad contra otras nueve ordenanzas que replicaban este tipo de regulación. Si bien el fallo no impide que los municipios distritales colaboren en el ordenamiento vial, subraya que deben hacerlo dentro del marco legal vigente y en coordinación con las entidades competentes, evitando la imposición de sanciones arbitrarias o desproporcionadas.