La agrupación Unión Naval, integrada por oficiales de la Marina de Guerra del Perú en situación de retiro, expresó un severo cuestionamiento al fallo del Sexto Juzgado Constitucional de Lima que declaró inaplicable, de manera parcial, la Ley 32301 (Ley APCI) tras una acción de amparo presentada por el Instituto de Defensa Legal (IDL). El pronunciamiento califica la decisión judicial como una “barbaridad jurídica” y advierte un grave impacto en el sistema de justicia.

Según el colectivo, la resolución judicial vulnera derechos fundamentales al interpretar que determinados artículos de la Ley 32301 afectan la libertad de asociación, defensa y petición. Unión Naval sostiene que dicha conclusión revela un nivel preocupante de desconocimiento jurídico por parte de la magistrada, al confundir la regulación del uso de recursos de cooperación internacional con una supuesta restricción de derechos constitucionales.

En su análisis, la agrupación señala que la jueza no habría diferenciado entre la “conformidad a la ejecución de planes y proyectos”, prevista en la ley, y el derecho a asociarse y constituir fundaciones, reconocido por la Constitución. A su juicio, la norma no limita la defensa legal ni la actividad de las organizaciones, sino que establece reglas claras sobre el destino de fondos provenientes de la cooperación técnica internacional.

Unión Naval también cuestiona la interpretación del artículo 21.c.2 de la Ley 32301, referido al uso indebido de recursos de cooperación internacional. Precisa que la norma apunta exclusivamente a impedir que dichos fondos se destinen a fines distintos a los previstos, incluyendo acciones administrativas o judiciales contra el Estado, y no a prohibir de manera general el litigio ni el ejercicio de derechos fundamentales.

En el pronunciamiento se afirma que la ley busca regular y transparentar el uso de recursos internacionales, en un contexto donde existen sospechas sobre la utilización de estos fondos por parte de algunas ONG para financiar litigios contra el Estado, actividades políticas o beneficios personales. Bajo esa premisa, la agrupación considera que no corresponde aplicar control difuso, al no existir una vulneración directa de derechos constitucionales.

Finalmente, Unión Naval exhortó al Congreso de la República y a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional a apelar el fallo judicial, así como a denunciar a la jueza ante la Junta Nacional de Justicia y por presunto prevaricato. Asimismo, pidió al Parlamento impulsar, mediante ley, la creación de una comisión para la reforma integral del sistema de justicia nacional.