La agrupación de oficiales en retiro de la Marina de Guerra del Perú, Unión Naval, ha emitido un pronunciamiento en rechazo a la reciente sentencia de 18 años de prisión dictada contra el Contralmirante (r) Alberto Rivero Valdeavellano, de 82 años.

La condena, que también incluye el pago de 100 mil soles como reparación civil a los familiares de las víctimas, ha generado indignación en el colectivo, que califica el fallo como una "persecución judicial prevaricadora" contra los militares que participaron en la lucha contra el terrorismo en los años 80 y 90.

El pronunciamiento señala que la condena es injusta y carece de pruebas suficientes, argumentando que el Contralmirante Rivero no formaba parte de la unidad operativa involucrada en los hechos de 1984. Además, critica que los testimonios presentados provienen de personas que, al momento de los hechos, eran menores de edad y cuyas declaraciones se basan en relatos escuchados de terceros, lo que, según Unión Naval, debilita la validez de la sentencia.

Unión Naval también denuncia que los jueces responsables del fallo, Miluska Cano, Oto Verapinto Márquez y Helbert Iván Llerena Lezama, han incurrido en el delito de prevaricato al ignorar la Ley N° 32107. Esta norma, según la agrupación, establece los criterios para juzgar crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, y que al no haber sido respetada, la sentencia debería ser anulada.

El colectivo critica el uso indebido del concepto de "autoría mediata", argumentando que se ha condenado al Contralmirante Rivero por su rango militar y no por acciones directas. Unión Naval sostiene que los magistrados han demostrado una "ignorancia total" sobre la cadena de comando en una unidad operativa militar.

Finalmente, Unión Naval exige que las autoridades judiciales competentes tomen medidas inmediatas para corregir lo que consideran una injusticia y sancionar a los jueces responsables del fallo.