Los oficiales de la Marina de Guerra del Perú en situación de retiro agrupados en la Unión Naval han emitido un pronunciamiento en defensa de la soberanía nacional. En el documento, titulado "Preocupante Agudización de la Inestabilidad", exponen su preocupación por varios eventos recientes.

Uno de los puntos destacados es el resultado de la segunda votación del Proyecto de Ley 6951/2023-CR, que precisa la aplicación y alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana. Los oficiales también subrayan la necesidad de que la Cancillería impida la injerencia de países, organismos internacionales y ONG en asuntos internos del Perú.

Además, el pronunciamiento se refiere a la propuesta del Ministro de Relaciones Exteriores de permitir a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) auditar a organizaciones como el IDL y otras ONG de derechos humanos para supervisar los fondos que reciben.

La disposición de la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, que ordena la reposición de dos miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), y la convocatoria urgente del Tribunal Constitucional para evaluar esta situación, también son motivo de preocupación. Asimismo, critican el fallo de la Corte IDH que exige al Estado peruano tomar medidas contra el Proyecto de Ley sobre la prescripción de crímenes de lesa humanidad.

Finalmente, Unión Naval insta a todas las autoridades, incluyendo al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a actuar en defensa de la soberanía nacional. Proponen, además, que se considere denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos debido a las actitudes de la Corte IDH, calificándolas de inaceptables y ofensivas para la soberanía del Perú.