La agrupación Unión Naval, integrada por oficiales en situación de retiro de la Marina de Guerra del Perú, expresó su conformidad con la reciente decisión del Tribunal Constitucional (TC), que declaró infundadas las demandas de inconstitucionalidad presentadas por el Colegio de Abogados de Lima y el Ministerio Público respecto a la Ley N.º 32107.

La norma precisa la aplicación y el alcance de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación nacional y fue ratificada mediante la Sentencia 190/2025, emitida por el Pleno el 18 de noviembre.

En el pronunciamiento público, la organización remarca que el fallo marca un punto de quiebre tras más de cuatro décadas de procesos que, según afirman, constituyeron persecuciones políticas a miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Unión Naval sostiene que los efectivos actuaron bajo mandato constitucional durante los años de violencia entre las décadas de 1980 y 2000, resaltando que la resolución del TC se dicta aun en un contexto de polarización ideológica.

El comunicado también reconoce de manera explícita a los magistrados Luz Pacheco Zerga, Francisco Morales Saravia, César Ochoa Cardich y Pedro Hernández Chávez, quienes votaron a favor de la constitucionalidad de la ley. La agrupación señala que la decisión fortalece la seguridad jurídica y establece criterios claros para el tratamiento de procesos asociados a delitos cometidos durante el conflicto interno.

De acuerdo con el pronunciamiento, la decisión del Tribunal aclara que los jueces no podrán aplicar el concepto de control difuso en este caso, dado que la constitucionalidad de la Ley N.º 32107 quedó confirmada formalmente. Asimismo, subraya que los operadores de justicia deberán observar lo dispuesto en los artículos 2, 3, 4 y 5 de la norma, incluyendo la no retroactividad penal en los delitos de lesa humanidad cometidos antes de la entrada en vigencia del Estatuto de Roma en 2002.

Finalmente, Unión Naval anunció que se mantendrá vigilante para garantizar el estricto cumplimiento de la ley y prevenir posibles abusos de autoridad o prevaricato. El pronunciamiento afirma que la resolución del TC representa un precedente que, a su juicio, reafirma valores institucionales y reivindica a quienes enfrentaron al terrorismo en el país.