El exrepresentante del Perú ante las Naciones Unidas y exmagistrado del Tribunal Constitucional, Víctor García Toma, sostuvo que la opinión emitida por un grupo de trabajo de la ONU sobre la situación del expresidente Pedro Castillo carece de carácter jurídico obligatorio para el Estado peruano.

García Toma explicó que dicho pronunciamiento corresponde a la opinión de un grupo de trabajo del organismo internacional y no constituye una resolución con efectos vinculantes. En ese sentido, precisó que el documento no genera obligaciones legales para el Perú ni modifica las decisiones adoptadas por las autoridades nacionales en el marco de sus competencias.

El exrepresentante ante la ONU indicó que esta interpretación coincide con la posición expresada por la Cancillería peruana, la cual señaló que el pronunciamiento del referido grupo de trabajo no tiene naturaleza jurídica obligatoria para el Estado.

De esta manera, García Toma consideró que la opinión emitida por ese mecanismo de las Naciones Unidas debe entenderse como una recomendación dentro del sistema internacional y no como una decisión de cumplimiento forzoso, por lo que corresponde a las instituciones peruanas continuar actuando conforme al ordenamiento jurídico nacional.