La fiscal suprema Zoraida Ávalos solicitó al juez supremo Juan Carlos Checkley que se revoque la comparecencia con restricciones dictada contra la ex primera ministra Betssy Chávez y que, en su lugar, se ordene prisión preventiva.

El requerimiento se debe a presuntos incumplimientos de las reglas de conducta establecidas como parte de su situación legal, mientras enfrenta un proceso por su presunta participación en el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

Según la documentación presentada por la Fiscalía, Chávez no habría asistido a tres controles biométricos programados para el 29 de septiembre, 27 de octubre y 3 de noviembre, además de ausentarse en cuatro audiencias del juicio oral. Ávalos sostiene que dichos incumplimientos ocurrieron incluso antes de que la ex jefa del Gabinete solicitara asilo político en la Embajada de México en Lima, donde actualmente permanece alojada. Para el Ministerio Público, estas faltas demuestran que la comparecencia con restricciones ha sido insuficiente para garantizar el cumplimiento de las medidas impuestas.

La Fiscalía considera que la prisión preventiva es necesaria y proporcional a la gravedad del caso, teniendo en cuenta que ya existieron incumplimientos previos y que, en ese contexto, la permanencia de Chávez en una sede diplomática podría dificultar el normal desarrollo del proceso. Cabe recordar que en 2023 Chávez estuvo bajo prisión preventiva; sin embargo, el Tribunal Constitucional anuló dicha medida al considerar que el plazo había vencido, dictándose luego comparecencia con restricciones.

El juez supremo Juan Carlos Checkley evaluará el pedido de la fiscal Ávalos en una audiencia programada para el lunes 13 de noviembre a las 9:00 a.m. La defensa de Chávez estará a cargo del abogado Raúl Noblecilla, quien deberá responder a los argumentos de la Fiscalía mientras su patrocinada continúa dentro de la residencia diplomática mexicana en Lima a la espera de una decisión judicial.