Modificar mediante adendas los contratos de transporte y distribución del gas natural de Camisea podría generar un fuerte impacto económico para los usuarios del sector eléctrico, según advirtió el ingeniero Luis Espinosa Quiñones. El especialista sostuvo que, de concretarse cambios en los contratos vigentes con Transportadora de Gas del Perú (TGP) y Cálidda, se pondrían en riesgo los ahorros que los consumidores obtendrían en los próximos años gracias a la reducción prevista en el precio del gas natural.

Espinosa explicó que las decisiones sobre el gas natural deben analizarse conjuntamente con sus efectos en el mercado eléctrico, debido a la estrecha relación entre ambos sectores. Según señaló, Camisea tiene un papel determinante en la formación del precio de la energía en el Perú y permite que este se ubique en un rango estimado de entre US$28 y US$40 por megavatio hora (MWh). Por ello, consideró que cualquier modificación en las condiciones del transporte y distribución del gas también tendría consecuencias sobre el costo de la electricidad.

De acuerdo con sus cálculos, si se mantiene el contrato vigente con TGP y Cálidda, el precio del gas natural podría reducirse en 33% hacia 2034, considerando valores constantes y sin incorporar inflación. Espinosa indicó que durante 2026 solo el componente energético representa una facturación de aproximadamente US$3.024 millones para los clientes, mientras que para 2034 el ahorro asociado a la reducción del precio del gas podría alcanzar los US$929 millones anuales.

El especialista cuestionó que se evalúe modificar los contratos cuando existen ahorros futuros que, según sostuvo, corresponden a los usuarios que financiaron el desarrollo de la infraestructura. “¿Queremos perder esos ahorros?”, planteó, al señalar que el debate debe considerar los beneficios y costos de cualquier decisión. Asimismo, sostuvo que el Estado podría implementar mecanismos de subsidio mientras se desarrollan nuevos ductos, con el objetivo de ampliar el acceso al gas natural sin afectar los beneficios económicos previstos para quienes ya utilizan el sistema.

Espinosa responsabilizó al Estado y, particularmente, al Ministerio de Energía y Minas por las demoras en la toma de decisiones relacionadas con la expansión de la infraestructura de gas. En su opinión, no debería trasladarse a los usuarios el costo de esas demoras mediante modificaciones contractuales que terminen reduciendo los ahorros proyectados. “Nosotros lo hemos pagado y venimos pagándolo”, afirmó al defender que los consumidores mantengan los beneficios derivados de los contratos actualmente vigentes.