La continuidad del Proyecto Olmos enfrenta un escenario de riesgo debido a la falta de presupuesto destinado a la operación y mantenimiento de la presa Limón y del sistema hidráulico que abastece a la actividad agrícola en la zona. De acuerdo con advertencias difundidas por actores vinculados al proyecto, la eventual paralización del sistema podría generar un impacto económico significativo en el norte del país.

Entre las principales consecuencias señaladas se encuentra el riesgo para alrededor de 70 mil puestos de trabajo, así como la posible afectación de cerca de US$ 3 mil millones en inversión privada vinculada al desarrollo agroindustrial del valle. También se advierte que las agroexportaciones anuales, que alcanzan aproximadamente US$ 1,000 millones, podrían verse comprometidas si el sistema de irrigación deja de operar.

El proyecto es considerado uno de los principales motores económicos de la región, ya que permitió transformar zonas desérticas en áreas productivas destinadas a la agroexportación. Actualmente posibilita la irrigación de más de 30 mil hectáreas agrícolas, lo que ha impulsado la generación de empleo y el crecimiento de actividades vinculadas al sector agroindustrial.

Según los promotores de la iniciativa, cada dólar invertido por el Estado en el desarrollo del proyecto ha generado cerca de siete dólares en actividad económica. Además, se calcula que la operación del complejo agrícola aporta aproximadamente S/ 800 millones anuales en recaudación de IGV para el Estado.

El 21 de julio de 2025, el Ministerio de Economía y Finanzas del Perú anunció públicamente medidas para garantizar la sostenibilidad del proyecto y la seguridad hídrica necesaria para mantener la actividad agrícola. Ese mismo día se suscribió un convenio con ProInversión para estructurar una nueva concesión del sistema hidráulico, mientras que el Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT) asumiría temporalmente la operación.

Sin embargo, especialistas y representantes del sector advierten que, si no se asigna el presupuesto necesario para la operación del sistema, hasta 38 mil hectáreas de agroindustria podrían quedar en riesgo y más de 5,500 hectáreas destinadas a agricultores locales podrían no recibir agua. Asimismo, alertan que la paralización del proyecto podría derivar en arbitrajes internacionales contra el Estado por incumplimiento de compromisos relacionados con el suministro hídrico para las empresas instaladas en la zona.