Un total de 25 proyectos de transporte, valorizados en aproximadamente US$ 11,100 millones, esperan ser adjudicados durante este año y los próximos dos, según información presentada por ProInversión. La cartera, que incluye además tres adendas, comprende iniciativas bajo el esquema de Asociaciones Público-Privadas (APP) y tendría impacto en 19 regiones del país.

Luis Del Carpio, presidente ejecutivo de ProInversión, explicó que entre los nuevos proyectos destaca el puerto de Chimbote, cuya inversión estimada asciende a US$ 463 millones y que podría ser adjudicado durante el cuarto trimestre de este año. Se trata de una iniciativa privada que podría adjudicarse directamente en ese periodo si no se presentan terceros interesados; de existir competencia, el proceso se realizaría durante el primer trimestre de 2027.

La cartera también contempla nuevas carreteras concesionadas. Del Carpio señaló que en septiembre se lanzarían concursos para dos de estas vías, mientras que posteriormente se convocarían otros procesos, con el objetivo de alcanzar los 7,000 kilómetros de carreteras concesionadas bajo la modalidad de APP. Asimismo, antes de finalizar el año se proyecta la firma de tres adendas: para el Terminal de Embarque de Concentrado de Minerales del puerto del Callao, por US$ 389 millones; la Red Vial 5, por US$ 270 millones; y la ampliación de la Línea 1 del Metro de Lima, por US$ 3,836 millones.

Para 2027, entre los proyectos con mayor expectativa figura el Tercer Grupo de Aeropuertos, cuya inversión alcanza los US$ 619 millones e incluye ocho terminales aéreos. Dentro de esta iniciativa destaca el interés por el Aeropuerto Internacional de Chinchero, actualmente en construcción. También aparecen proyectos vinculados con una mayor integración comercial con Brasil, como la relanzada Hidrovía Amazónica, ahora denominada “Canal de Navegación Amazónico”, por US$ 304 millones, además del proyecto “Puerto Seco del Sur”, en Juliaca, por US$ 199 millones, que contempla dos puertos: Saramiriza e Iquitos.

Sin embargo, representantes del sector privado advirtieron que existen obstáculos que podrían reducir el interés de grandes inversionistas. Juan Pacheco, recientemente designado presidente de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), señaló que entre los principales problemas se encuentran los retrasos ocasionados por la falta de disponibilidad de terrenos y la liberación de interferencias. También consideró necesario revisar la normativa relacionada con el derecho de propiedad, debido a dificultades vinculadas con la inscripción y geolocalización de bienes inmuebles.

En el caso del sector aeroportuario, Alberto Huby, gerente de Aeropuertos Andinos del Perú, sostuvo que la empresa comenzó a negociar una adenda para ampliar los terminales bajo su administración debido a que la demanda ya superó las proyecciones consideradas inicialmente. Huby cuestionó, no obstante, las demoras en la aprobación de estudios y permisos ambientales o sectoriales, al advertir que estos procedimientos podrían retrasar la ejecución de nuevas obras. La agilización regulatoria será, por ello, uno de los factores determinantes para convertir la cartera de US$ 11,100 millones en inversiones efectivamente adjudicadas hacia 2028.