La relación entre Petroperú y ProInversión atraviesa uno de sus momentos más tensos en medio del proceso de reestructuración de la petrolera estatal y la implementación de una línea de financiamiento de hasta US$ 2,000 millones autorizada por el Gobierno. Una serie de oficios y respuestas cruzadas evidenció fuertes discrepancias sobre el alcance de las facultades que tiene la agencia encargada de supervisar el proceso.

El conflicto se originó luego de que ProInversión cuestionara recientes cambios gerenciales dentro de Petroperú y solicitara información detallada sobre las nuevas designaciones, así como documentos internos vinculados al proceso de reorganización. La entidad también pidió acceso a informes administrativos y financieros, además de requerir participación en sesiones de directorio relacionadas con la reorganización patrimonial de la empresa.

En paralelo, la agencia dispuso medidas de control consideradas vinculantes, entre ellas la supervisión directa de adquisiciones de crudo, derivados e insumos críticos, además de restricciones para aprobar contratos u obligaciones financieras que comprometan los flujos futuros de caja de la petrolera. También exigió un inventario completo de operaciones y compromisos financieros en curso para evaluar posibles ajustes o traslados de competencias.

La respuesta de Petroperú llegó el 18 de mayo mediante una carta firmada por su gerente general, Gustavo Villa Mora. En el documento, la empresa estatal sostuvo que varios de los pedidos formulados por ProInversión no se encuentran contemplados “de manera expresa ni implícita” en los decretos de urgencia que autorizaron tanto la reestructuración como la línea de financiamiento. Asimismo, argumentó que parte de la información requerida corresponde a documentación interna y potencialmente sensible para la compañía.

El enfrentamiento generó preocupación debido a que ProInversión lidera actualmente el proceso de reorganización patrimonial de Petroperú y tiene además el encargo de estructurar el acceso a los US$ 2,000 millones aprobados por el Ejecutivo. Especialistas como el expresidente de la petrolera, Carlos Paredes, y el exdirector David Tuesta defendieron los “candados” impuestos por la agencia, señalando que son necesarios para garantizar el control del uso de recursos públicos y asegurar la viabilidad financiera de la empresa estatal.

En medio de la controversia, representantes de ProInversión, Petroperú y miembros del Ejecutivo sostuvieron una reunión con participación del presidente del Consejo de Ministros, el ministro de Energía y Minas y autoridades del sector Economía. Tras ello, ambas instituciones emitieron un comunicado conjunto en el que la petrolera finalmente accedió a entregar la información solicitada. Mientras tanto, el Congreso no logró aprobar la derogación del decreto que respalda la reestructuración, aunque persisten críticas políticas sobre el nivel de intervención de ProInversión en la gestión de la empresa.

#Petroperu: en #rebeldía

Luego de que le regalaran línea de USD 2 mil mill. ha decidido no hacerle caso a #Proinversion.

Su mensaje es : "gracias compadre por la plata pero yo hago lo que me da la gana".

Se les advirtió que estos tipos son de terror. #QuéVerguenza pic.twitter.com/Ogi7UlpOWS

— David Tuesta (@tuestadavid) May 20, 2026