El cierre de 29 centros comerciales en el país ha puesto en riesgo a más de 100 mil empleos y ha paralizado las operaciones de 2,500 negocios, afectando especialmente a pequeños empresarios y trabajadores que dependen del comercio formal.

La medida, adoptada por diversas municipalidades tras el siniestro en el Real Plaza de Trujillo, ha sido calificada como una sobrerreacción por expertos, quienes advierten sobre la falta de personal capacitado en los gobiernos locales para evaluar riesgos en infraestructura.

Uno de los cierres más recientes se dio en Plaza Lima Sur, en Chorrillos, luego del desprendimiento de 10 baldosas en el patio de comidas, incidente atribuido a un temblor ocurrido esa mañana. La Municipalidad de Chorrillos dispuso la clausura total del centro comercial sin presentar pruebas concluyentes sobre la existencia de un peligro inminente.

Para el exministro de Economía David Tuesta, esta situación refleja la incapacidad de los municipios para realizar una supervisión efectiva, lo que ha derivado en el cierre indiscriminado de establecimientos. Según el economista, la descentralización de funciones ha generado que muchas comunas carezcan de ingenieros calificados que puedan evaluar de manera técnica la seguridad de las edificaciones. Además, advirtió que el cierre masivo de malls podría prestarse a actos de corrupción y chantaje por parte de algunas autoridades locales.

Según la Asociación de Centros Comerciales y de Entretenimiento del Perú (ACCEP), el impacto de estas clausuras ha sido significativo: 65 mil empleos directos se han visto afectados, además de 35 mil empleos indirectos. Asimismo, más de 1,500 locatarios han tenido que suspender operaciones, mientras que alrededor de 1,000 módulos de venta han sufrido pérdidas considerables, justo en plena campaña escolar.

El economista Elmer Cuba señaló que el temor de los municipios a enfrentar responsabilidades legales podría estar impulsando estas medidas extremas, aunque también alertó sobre el riesgo de que algunas clausuras respondan a presiones indebidas.

Frente a este escenario, Tuesta instó al Gobierno central a intervenir para garantizar que las inspecciones sean realizadas por personal calificado. Advirtió que, si no se toman medidas correctivas, el crecimiento económico del país, proyectado en 4% para 2025, podría verse comprometido.