El gasto del Estado peruano destinado al pago de remuneraciones se duplicó en los últimos diez años y continúa mostrando una tendencia ascendente. De acuerdo con cifras del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), recopiladas por el Banco Central de Reserva (BCR), el desembolso pasó de S/ 35,449 millones en 2015 a S/ 73,331 millones en 2025, lo que representa un incremento cercano al 107%.

Solo hasta mayo de este año, el gasto en remuneraciones ya alcanzaba los S/ 32,839 millones, un 11,4% más que en el mismo periodo del año anterior.

El incremento responde principalmente a mayores remuneraciones para sectores como salud, educación, Policía Nacional, Poder Judicial, Ministerio Público y personal administrativo. Según el informe, estas alzas obedecen a acuerdos salariales y obligaciones aprobadas en los últimos años, mientras que nuevos incrementos ya pactados continuarán aplicándose en 2027 para diversos regímenes laborales del sector público.

A ello se suma el crecimiento del número de trabajadores estatales. Datos de Servir muestran que el Estado pasó de tener alrededor de 1,3 millones de servidores públicos en 2017 a casi 1,6 millones en 2024, un aumento cercano al 18%. Con ello, de los 6,6 millones de trabajadores registrados en el país, aproximadamente 1,7 millones pertenecen al sector público, consolidando una expansión sostenida de la planilla estatal.

Especialistas consultados por el diario Gestión sostienen que este incremento responde a decisiones acumuladas durante varios años y advierten que el contexto político ha favorecido la aprobación de mayores beneficios laborales. Además, el Consejo Fiscal alertó que recientes iniciativas legislativas podrían elevar el gasto permanente en remuneraciones en alrededor de S/ 6.835 millones anuales, debido a mejoras para trabajadores bajo el régimen CAS y otros ajustes salariales.

El informe advierte que estas mayores obligaciones presionarán las finanzas públicas en los próximos años. De mantenerse esta tendencia, el presupuesto estatal destinado a remuneraciones y pensiones alcanzará niveles históricamente elevados y podría dificultar el cumplimiento de las reglas fiscales, incrementando el desafío para la próxima administración en materia de sostenibilidad de las cuentas públicas.