Desde la administración del expresidente Pedro Castillo hasta la gestión actual encabezada por el titular del Parlamento, se han destinado alrededor de 24 mil millones de soles a rescates financieros y apoyos estatales para Petroperú, según diversos análisis sobre el gasto público reciente.

El monto ha reavivado el debate político sobre el papel de las empresas estatales y el uso de recursos fiscales en el país.

Diversos sectores cuestionan que, debido a decisiones influenciadas por posturas ideológicas que buscan mantener la participación empresarial del Estado en el sector petrolero, estos recursos hayan sido canalizados para sostener a la compañía estatal. A su juicio, el dinero pudo haberse orientado a sectores considerados prioritarios para el desarrollo social.

Entre las áreas mencionadas como alternativas de inversión figuran la mejora de la educación pública, el fortalecimiento del sistema de salud y la ampliación del acceso al agua potable en zonas rurales y urbano-marginales. Especialistas señalan que una inversión de ese nivel habría permitido ejecutar proyectos de infraestructura básica en distintas regiones del país.

Asimismo, se advierte que esos recursos también pudieron destinarse al fortalecimiento de la seguridad ciudadana. Analistas indican que la Policía Nacional del Perú continúa enfrentando limitaciones en equipamiento y tecnología moderna para combatir la delincuencia, lo que mantiene abierta la discusión sobre las prioridades del gasto estatal.