La minería ilegal se ha expandido en los ríos de Loreto y actualmente unas 350 dragas o balsas rústicas operarían en los cauces de 13 afluentes de la región. De acuerdo con estimaciones de autoridades y organizaciones no gubernamentales, cada una de estas embarcaciones puede extraer alrededor de 7.2 kilos de oro al año, por lo que la producción conjunta podría alcanzar hasta 2.5 toneladas anuales, un volumen valorizado en más de S/1.000 millones a precios internacionales.

El avance de esta actividad también ha convertido a la Amazonía, particularmente a Loreto, en una zona relevante para la extracción de oro aluvial de procedencia ilegal. El alto precio internacional del metal y su elevado nivel de pureza, que puede llegar a 24 quilates en determinadas zonas, han incrementado el interés de los mineros ilegales. Las dragas remueven los lechos de los ríos para succionar el material que contiene oro mezclado con gravilla.

Entre los principales afluentes afectados se encuentra el río Nanay, cuyas aguas abastecen a la población de Iquitos. Un reporte de Radar Mining Monitoring (RAMI), publicado en 2025, registraba 65 dragas en este río, mientras que información más reciente eleva la cifra a unas 80. En el Marañón, imágenes fotográficas y satelitales georreferenciadas permitieron identificar 45 dragas, pero para 2026 el número habría aumentado a 65 en el tramo comprendido entre Borja, en el ingreso al Pongo de Manseriche, y Saramiriza.

El río Tigre también registra una importante presencia de estas embarcaciones, con más de 60 dragas. Según información recogida en el reporte, una de ellas, operada por cuatro personas, puede extraer hasta 50 gramos de oro durante jornadas de 20 horas y alcanzar unos 150 gramos en una semana. Aunque algunas son destruidas durante operativos policiales, los responsables pueden reconstruirlas y volver a ponerlas en funcionamiento en aproximadamente una semana.

Especialistas advierten que la falta de control estatal mantiene las condiciones para que esta actividad continúe expandiéndose. El abogado ambientalista César Ipenza señaló que los ríos de Loreto seguirán siendo atractivos para la minería ilegal debido a la ausencia de una fiscalización efectiva y afirmó que organizaciones criminales nacionales y extranjeras estarían operando en la zona. La problemática se suma a los impactos ambientales asociados a la remoción de los cauces y a la presión sobre ecosistemas y comunidades amazónicas.