El exministro de Economía y representante del equipo técnico de Fuerza Popular, Luis Carranza, propuso cerrar la posibilidad de que el Congreso apruebe leyes con impacto negativo en las finanzas públicas y señaló que se podría recurrir al Tribunal Constitucional para limitar dicha facultad. “Esa puerta se tiene que cerrar”, afirmó durante una entrevista radial.

Carranza respaldó el diagnóstico del Consejo Fiscal sobre el deterioro de las cuentas públicas y el riesgo de perder el grado de inversión hacia el 2031. Según explicó, entre 2021 y 2026 se aprobaron 268 normas que comprometen gastos permanentes por S/36.700 millones anuales. En ese contexto, sostuvo que no solo se debe controlar el gasto corriente, sino mejorar la eficiencia del Estado. “Seguimos gastando plata en programas sociales pero la anemia sigue subiendo”, cuestionó.

El economista también defendió la autonomía del Banco Central de Reserva del Perú y consideró que las decisiones monetarias deben mantenerse bajo criterios técnicos y no políticos. Además, criticó la propuesta de Juntos por el Perú de elevar la Remuneración Mínima Vital a S/1.500, al advertir que ello afectaría principalmente a las pequeñas empresas y podría incrementar la informalidad laboral.

Según Carranza, un aumento de 33% en las planillas sería difícil de sostener para los pequeños negocios, lo que llevaría a muchos trabajadores a perder beneficios sociales. En esa línea, sostuvo que el salario debe crecer en función de la productividad y el crecimiento económico. También planteó incentivos para promover la formalización empresarial, como eliminar el pago de impuesto a la renta durante los tres primeros años y reducir alrededor de 500 trámites administrativos.

Respecto al sector minero, el integrante del equipo técnico de Fuerza Popular propuso un “shock desregulatorio” para acelerar inversiones y reducir la tramitología. Indicó que actualmente un proyecto minero requiere más de 260 trámites y puede tardar hasta 11 años en obtener permisos. Asimismo, defendió los beneficios tributarios otorgados al sector agroexportador y afirmó que estos permitieron que las exportaciones agrícolas pasaran de 400 millones de dólares en 2001 a más de 15 mil millones en 2025.

Finalmente, Carranza sostuvo que Petroperú necesita una reorganización integral y consideró que algunos activos podrían venderse o concesionarse tras un estudio técnico. Entre ellos mencionó el edificio principal de la empresa y el Oleoducto Nor Peruano. Además, afirmó que el crecimiento económico sigue siendo la principal herramienta para reducir la pobreza, aunque remarcó que ello debe estar acompañado de un Estado más eficiente.