El mercado laboral de Lima muestra una aparente mejora en sus principales indicadores, pero también revela problemas estructurales. A julio de 2026, la población ocupada aumentó 7.7% interanual, mientras que el empleo adecuado llegó a 3.9 millones de personas, equivalente al 62.2% de la PEA. Al mismo tiempo, el desempleo descendió a 4.7% y las empresas con más de 50 trabajadores fueron las principales generadoras de puestos adecuados.

Sin embargo, el subempleo también registró un incremento de 7.6%, su mayor avance en 33 meses, principalmente por el aumento de trabajadores con ingresos insuficientes, que creció 9.2%. En total, alrededor de 1.7 millones de personas tienen empleo, pero sus remuneraciones no alcanzan el nivel establecido por el INEI para ser consideradas adecuadas. Para Ronin, esta situación evidencia que una mayor cantidad de puestos de trabajo no garantiza necesariamente una mejora en la calidad del empleo.

Uno de los datos más llamativos es el comportamiento del subempleo entre las personas con educación universitaria, que aumentó 36.7%, por encima del promedio general. Una posible explicación es el denominado skill mismatch, es decir, el desajuste entre las capacidades de los trabajadores y las competencias que requieren las empresas. El análisis también advierte que la expansión de la educación superior no implica necesariamente que todos los profesionales hayan adquirido competencias de la misma calidad, debido a la heterogeneidad de las instituciones educativas.

El problema también se encuentra en la estructura empresarial peruana. El 96% de las empresas son microempresas y estas concentran más del 59% de los trabajadores de Lima. En las compañías de hasta diez trabajadores, nueve de cada diez empleados laboran en la informalidad. A ello se suma una marcada diferencia de productividad: una microempresa alcanza apenas el 6% de la productividad de una empresa grande, lo que limita su capacidad para ofrecer mejores salarios y puestos de mayor calidad.

Frente a este escenario, el desafío pasa por actuar tanto sobre la formación de los trabajadores como sobre la capacidad productiva de las empresas. Mejorar la calidad y pertinencia de la educación superior, facilitar el acceso al financiamiento, promover la tecnología y la competencia y eliminar regulaciones que desincentiven el crecimiento empresarial forman parte de una misma agenda. El objetivo de las políticas para las microempresas, según el análisis, no debería ser únicamente facilitar su supervivencia o formalización, sino generar las condiciones para que puedan crecer y convertirse en empresas capaces de crear empleos de mayor productividad.