Un informe reciente reveló que la administración de Joe Biden destinó al menos 20.000 millones de dólares a organizaciones ambientales recién creadas, muchas de las cuales carecen de registros fiscales o antecedentes operativos.

Los fondos provinieron de un presupuesto de 370.000 millones de dólares administrado por John Podesta bajo la Ley de Reducción de la Inflación.

Entre los casos más cuestionados se encuentra Climate United Fund, registrada en Delaware en noviembre de 2023, que recibió cerca de 7.000 millones de dólares en abril de 2024 sin figurar en la base de datos del IRS ni presentar informes sobre el uso de los recursos. Aunque se han anunciado proyectos como un préstamo de 10,8 millones de dólares para energía solar en tierras tribales y 32 millones para infraestructura energética en la Universidad de Arkansas, estos montos representan solo una pequeña parte del dinero distribuido.

Especialistas en transparencia financiera han expresado preocupación por la falta de supervisión en la asignación de estos fondos. Laurie Styron, directora ejecutiva de Charity Watch, criticó la decisión de canalizar grandes sumas a entidades sin historial en lugar de recurrir a organizaciones con experiencia en el sector ambiental.

La nueva administración de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), liderada por Lee Zeldin, ordenó una auditoría interna y busca recuperar parte de los fondos entregados sin suficiente fiscalización. Zeldin acusó a la administración Biden de esquivar los mecanismos de control gubernamental y de financiar organizaciones sin capacidad comprobada para gestionar recursos públicos.

El Departamento de Justicia y el FBI han iniciado investigaciones sobre estas asignaciones, lo que ha llevado al congelamiento de cuentas bancarias con miles de millones de dólares en fondos federales. Según The New York Times, las autoridades buscan determinar si hubo malversación de recursos en la ejecución del programa.