La Comisión de Venecia emitió su informe sobre la posibilidad de someter a juicio y antejuicio político a los titulares de los organismos electorales en virtud del artículo 99 de la Constitución.

En su pronunciamiento, la entidad internacional fue categórica al señalar que una medida de este tipo pondría en riesgo el adecuado funcionamiento del sistema electoral y atentaría contra la tendencia global de limitar la influencia de los órganos políticos sobre las entidades electorales.

En caso de que el Congreso insista en esta propuesta, el informe recomienda que se precise de manera expresa qué se entendería por violación de la Constitución y que cualquier procedimiento de este tipo solo pueda llevarse a cabo después de un proceso electoral, no durante el mismo.

Asimismo, la Comisión subraya que la determinación sobre el levantamiento de la inmunidad funcional de las autoridades electorales debería ser competencia del Poder Judicial y no del Congreso, a fin de evitar que la acusación constitucional se convierta en un instrumento de represalia política.

Este informe es considerado clave en el debate nacional, ya que proviene de un órgano imparcial conformado por juristas de alto nivel. El mensaje a las autoridades peruanas es claro: no se debe abusar del poder ni alterar los contrapesos políticos, ya que el debilitamiento de estos principios pone en riesgo el Estado de derecho.